Por Mauricio Restrepo Gutiérrez, gerente de EPM 1995-1997
Cuando asumí la gerencia general de EPM, en enero de 1995, el país atravesaba un proceso de redefinición institucional tras la Constitución de 1991. En Medellín, esa transformación exigía revisar el marco jurídico de nuestras empresas públicas, en particular el de EPM, cuyo modelo de gestión respondía todavía a un esquema que, aunque eficiente en su origen, requería actualización frente a las nuevas exigencias regulatorias y operativas.
Con el alcalde Sergio Naranjo Pérez y el grupo de definición empresarial de EPM, lideramos un proceso de análisis riguroso, que incluyó a la academia, los gremios, el sector privado y representantes de la sociedad civil. De allí surgió el Acuerdo Municipal 069 de 1997, en vigor desde enero de 1998, que transformó a EPM en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE). Esta nueva figura le otorgó autonomía administrativa, patrimonio propio, capacidad de gestión directa y, sobre todo, una estructura que nos permitió actuar con mayor agilidad y sostenibilidad en un entorno competitivo.
Este cambio jurídico no fue un mero ajuste normativo; fue la base que permitió emprender una serie de proyectos estratégicos con visión de largo plazo. Uno de ellos fue el Plan de Masificación de Gas Natural, que comenzamos a implementar en el Valle de Aburrá en 1997. Diseñar y desplegar las redes en territorios densamente poblados, con realidades urbanísticas irregulares, exigió soluciones técnicas adaptadas, además de un trabajo coordinado con líderes comunitarios. El resultado fue una mejora directa en la calidad de vida de miles de familias, al reducir la dependencia de combustibles contaminantes y disminuir los costos energéticos en los hogares.
En ese mismo año continuamos la construcción de la central hidroeléctrica Porce II, concebida como una apuesta para robustecer la matriz energética del país mediante generación limpia y renovable. A la complejidad técnica de la obra —que incluyó túneles de conducción, casa de máquinas subterránea y una presa de gran escala— se sumaron los compromisos sociales y ambientales. Diseñamos e implementamos programas de reubicación, compensación ambiental y reforestación, que marcaron un precedente en la forma en que EPM gestionaba la relación con los territorios intervenidos.
En 1997 entró en operación la Termoeléctrica La Sierra, en Puerto Nare, una planta de ciclo combinado que permitió garantizar el suministro en épocas de baja hidrología. Aunque no era habitual que EPM operara plantas térmicas, en ese momento resultaba indispensable diversificar las fuentes de generación y blindar al sistema frente a contingencias climáticas.
También en 1997 se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, ubicada en Itagüí. Se trató de la primera infraestructura de este tipo en la región, equipada con tecnología de lodos activados y con una capacidad de procesamiento superior a 1,5 m³ por segundo. Su impacto en la recuperación del río Medellín fue inmediato y el inicio de una política de saneamiento estructurada, que articulaba ingeniería, pedagogía ambiental y participación ciudadana.
En paralelo, EPM incursionó por primera vez en el sector de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios de televisión por suscripción e Internet. Esta línea de trabajo buscó cerrar brechas digitales en zonas donde históricamente no había infraestructura, mediante pilotos en bibliotecas comunales y centros barriales. La experiencia no solo diversificó los servicios de la empresa, sino que amplió su presencia en el territorio con una mirada de futuro.
Por último, el Edificio Inteligente, inaugurado en agosto de 1997, simbolizó esta transformación. Concebido como un espacio de gestión moderna, con automatización de procesos, diseño bioclimático y apertura al ciudadano, fue también una declaración de principios: mostrar que lo público podía ser eficiente, innovador y transparente.
Treinta años después, sigo convencido de que aquellas decisiones no fueron solo respuestas a un momento, sino apuestas de fondo por una empresa pública más autónoma, más cercana al ciudadano y mejor preparada para sostener el desarrollo de la región.
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