Seguridad energética en riesgo

Escrito por EditorSINPRO
Categoría: Noticias
Creado: Martes, 05, Agosto 2025 18:48
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En 2022, con el propósito de contribuir a un renacer de EPM, Medellín y la institucionalidad, maltratados por la administración de la ciudad en cabeza del alcalde de ese momento, en un ejercicio de responsabilidad que trasciende lo laboral, el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, SINPRO, creó los Diálogos de Ciudad, espacio en el que reunió en cuatro ediciones, a representantes de los sectores social, empresarial, gremial, académico y político.

Ahora el Diálogo se extendió a una conversación de país, en la que los principales gremios y empresas de energía y gas debatieron sobre los desafíos que enfrenta la seguridad energética nacional, que a pesar de ser gran soporte del desarrollo y crecimiento de Colombia, ha estado en el centro de atención del gobierno, mediante posiciones ideológicas, ambigüedades, falta de rigurosidad, amenazas de intervención, y el no pago, como le corresponde, de subsidios y las deudas que tiene por opción tarifaria.

Acolgen, Andeg, Andesco, Asocodis, CEERA, Naturgas, SER, EPM, Grupo Energía Bogotá, Celsia, Afinia, EnerBit, la Sociedad Hidroituango, exgerentes de EPM, excomisionados de la CREG, expertos y congresistas, expresaron sus puntos de vista sobre el panorama del sector. El objetivo: identificar riesgos y acordar acciones conjuntas que garanticen el abastecimiento, eviten posibles racionamientos, aseguren la sostenibilidad del sistema y se brinde un óptimo servicio a los ciudadanos, clientes y usuarios. Estas son algunas conclusiones.

Riesgo de racionamiento

Una alerta de los participantes. El sistema energético colombiano enfrenta una amenaza latente de racionamiento ante la demora en decisiones clave. La alta dependencia de fuentes hídricas, sumada a eventos como El Niño, exige una planeación anticipada. Sin embargo, los retrasos en la ejecución de nuevos proyectos, la ausencia de señales claras desde el gobierno para la inversión y la lentitud en los procesos regulatorios agravan la situación. Sin decisiones oportunas y técnicas el país podría enfrentar interrupciones a corto y mediano plazo.

 

Inversiones frenadas por incertidumbre

La inestabilidad política y la falta de reglas claras generan desconfianza en los inversionistas. Los proyectos de energía y gas se afectan por la ambigüedad en decisiones gubernamentales y cambios en la regulación. Esta incertidumbre reduce la llegada de capital, retrasa el desarrollo de infraestructura crítica y pone en riesgo la sostenibilidad y expansión del sistema.

Urge liquidez para distribución y comercialización

Las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía y gas del país están enfrentando dificultades financieras ante el desbalance entre costos reales y tarifas reconocidas, así como por retrasos en los pagos. Esa falta de liquidez compromete la capacidad operativa, debilita la calidad del servicio y frena nuevas inversiones. Es indispensable crear mecanismos de apoyo financiero temporal para evitar una cadena de efectos negativos en todo el sistema.

 

Se requiere política energética de Estado 

El país necesita una política energética que trascienda los gobiernos y sea construida con visión a largo plazo, involucrando los sectores público, privado, académico, industrial y a la ciudadanía. Una política de Estado garantiza continuidad, solidez, coherencia y sostenibilidad, evitando así que decisiones técnicas sean afectadas por intereses políticos coyunturales.

 

Reformas impostergables

El marco legal e institucional del sector necesita una actualización profunda. Las condiciones actuales exigen normas que se adapten a la transición energética, a la diversificación de fuentes y a los nuevos modelos de negocio. Se requiere modernizar la regulación, fortalecer entidades como la CREG y la UPME, y garantizar su independencia y autonomía técnica.

 

Comunicación y articulación del sector 

Una falencia del sector es la falta de coordinación entre gobierno, operadores, gremios, reguladores y usuarios. Es clave construir espacios de diálogo permanente, transparentes y técnicos donde se comparta información, se tomen decisiones consensuadas y se construya confianza.

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