Por: Guillermo Maya Muñoz (*), catedrático y columnista
“¿Qué es esto de capital extranjero con que nos están engañando, para robar? Muéstrenme el capital que tienen en el país los bancos extranjeros, los comerciantes extranjeros, etc.” (Fernando González, 1935, Cartas a Estanislao).
En 2003, EPM y la ETB crean la empresa OLA-Colombia Móvil para prestar servicios de telefonía celular. En 2006, Sergio Fajardo Valderrama y Lucho Garzón, alcaldes de la época en Medellín y Bogotá, respectivamente, venden el 50% a Tigo-Millicom, una empresa sueca radicada en un paraíso fiscal, Luxemburgo, y le entregan el control por cero pesos. La marca OLA desaparece y la reemplazan por Tigo-Colombia Móvil. Titular: “La venta de Ola a Millicom salvó el patrimonio público” (elcolombiano.com, 2006). Un titular puede con todo.
Tigo pierde un billón de pesos entre 2006 y 2010, y vendió (¿con el consentimiento de EPM?) 2.126 torres a ATC Infraco por 182 millones de dólares, de la que Millicom se hace socia después en 2012. ¿Contraloría de Medellín qué dijo?
El 8 de mayo de 2013 aprueban el proceso de fusionar a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con Tigo-Colombia Móvil, y le entregan el control de la empresa a Millicom por 150 millones de dólares, a partir de agosto de 2014. Por otro lado, todavía en 2013, Millicom le debía 217.000 millones de pesos a EPM desde 2006, y una suma similar a la ETB, plata que le habían entregado a Tigo-Millicom al venderle el 50% de OLA.
¿Qué respondió el Gerente de EPM Juan Esteban Calle Restrepo sobre las deudas de Tigo con EPM?: “Todos los créditos se aprobaron antes de la entrada de Millicom a Colombia Móvil en 2006 (…) y se extendieron, porque la empresa no tenía cómo entrar al mercado financiero por el alto endeudamiento que presentaba” (Para UNE, Millicom es la mejor opción: EPM, portafolio.com, Mayo 9-2013)” (G. Maya, “UNE-Millicom, fracaso histórico”, Elmundo.com, Mayo 17-2013).
No tenía quién le prestara y EPM y la ETB lo hicieron. Así cualquiera es emprendedor, y a pesar de eso, el Alcalde Aníbal Gaviria Correa y el Concejo de Medellín aprobaron la fusión. En la última jugada, el pasado 7 de octubre, Millicom traspasó por sustitución patronal el personal operativo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. a la empresa china Huawei, un total de 601 trabajadores que no están muy contentos con la movida, pues temen por sus condiciones de estabilidad laboral.
Esta acción a favor de Huawei, la llaman una “alianza para la implementación de un modelo de administración de servicios”. Es decir, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. le entrega a un tercero parte de su personal para subcontratar con él los servicios que anteriormente hacía por sí misma. Todo, sin cobrar nada a Huawei, ni siquiera una prima por la cesión real de una parte de la empresa, la transferencia de un personal calificado, con muchos años de experiencia, de UNE.
Huawei generará utilidades con una actividad que le producía ganancias a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y que Huawei las transferirá al extranjero. ¿Qué cambia aquí? El patrón y el reparto de utilidades. Ya no son dos, EPM y Millicom, sino tres, EPM, Millicom y Huawei para el reparto de utilidades.
¿Por qué Millicom hizo esta jugada de convertir a Huawei en un proveedor único, monopólico, y que impondrá a la larga los precios del servicio? ¿Esta jugada sólo tiene alcance local o Millicom busca jugar con China en sus aventuras centroamericanas, africanas y suramericanas? O ¿piensa vender UNE a Huawei?
¿Qué es Huawei? “es una empresa privada multinacional china de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones” (Wikipedia). Nada que ver con mantenimiento de redes. Ese no es su negocio.
Por otro lado, Huawei es producto de la política del gobierno chino -no de las fuerzas impersonales del mercado- de obligar a los inversionistas extranjeros a hacer inversiones de riesgo conjuntas con empresas chinas. Además, el gobierno chino obliga a las empresas extranjeras a exportar, no deja que exploten el mercado interno sin compensar sus operaciones internas con exportaciones que generen divisas, para evitar problemas de balanza de pagos. Aquí en Colombia no se exige nada. Estamos dominados por los intereses corporativos privados nacionales e internacionales.
¿Quién manda en UNE-EPM? ¿Quién cuida los intereses de ciudad en la empresa fusionada? ¿Los extranjeros? ¿Millicom los cuidó en Tigo en donde perdieron un billón de pesos? ¿Quién vigila a Millicom que tiene el control en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con (50%) y es ‘mayordomo’ a la vez del otro 50% de EPM? ¿Qué hace la Contraloría General de Medellín respecto a UNE?
En las condiciones pactadas de la fusión, EPM tiene el derecho nominar un “Auditor Interno, (que) responde administrativamente a la Presidencia”. Pero, no a EPM. Por otro lado, la Junta Directiva tiene 3 miembros de EPM y 3 de Millicom, el presidente de la Junta es de EPM y el vicepresidente de Millicom. Las decisiones se toman por mayoría simple, pero “el vicepresidente tendría el voto decisorio”. Es decir, que Millicom siempre gana. Tiene el control y la capacidad de desangrar a UNE-EPM con la triangulación de sus empresas radicadas en paraísos fiscales.
Alcalde, ¿usted qué piensa? ¿Sí o No? Señores concejales, ustedes también. ¿Sólo les preocupa sus carreras políticas?
(*) Artículo original, periódico El Mundo (18-10-2016)
El reciente negocio con Huawei es la última estocada para la privatización total de UNE
Como en la película clásica colombiana de Sergio Cabrera, “La Estrategia del Caracol”, a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. la están dejando con el coco vacío. La película “UNE” arrancó en 2006 con su escisión de EPM, siguió la trama en 2013 con la aparición del actor sueco Millicom (Tigo), y en las nuevas escenas, con la entrada de los chinos (Huawei), se da un golpe letal a los intereses de EPM, de Medellín y de los ciudadanos.
Del desenlace de lo que podría pasar con UNE se advirtió en 2013 durante la discusión en el Concejo de Medellín del Acuerdo 17 (supuesta fusión UNE-Millicom) y se evidenció en el mismo recinto el pasado 28 de octubre durante un debate sobre la “masacre laboral que vive la empresa”, por despidos, acoso laboral, planes de retiro “voluntario” inducidos, cambios de contratos y la supuesta sustitución patronal de 601 trabajadores.
Hace tres años se demostró por parte de expertos en telecomunicaciones, académicos de distintas disciplinas, sindicatos, organizaciones sociales, ciudadanos y nueve concejales que no se doblegaron ante las presiones del Alcalde Aníbal Gaviria y del entonces Gerente de EPM, Juan Esteban Calle (hoy gerente de Cementos Argos); que el futuro de UNE en manos de la sueca Millicom podría ser catastrófico. Y no se equivocaron.
Los interesados en el negocio vendieron la idea de que con la multinacional Millicom, de la que EPM ya era socia en Colombia Móvil (Tigo), se tejía una gran “alianza”, por la sinergia de servicios y conocimientos y por su experiencia como operador de telecomunicaciones. Por la calidad del socio y su inmediato incumplimiento a lo acordado, corroborar que nada era cierto solo era cuestión de tiempo.
De las movidas “estratégicas” y de los resultados desastrosos de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., controlada por Millicom, no se hablará en este artículo; de ello se han ocupado dos reputados columnistas en esta misma edición Ver: ¡Como nos duele UNE… a algunos! y Millicom deshuesa a UNE-EPM (Cortesía paisa).
Opacidad y mutismo
La entrada en escena de Huawei a principios de octubre es confusa y opaca. De hecho los trabajadores de UNE que allí pasaron, lo hicieron a una empresa recién creada en Colombia: Huawei Technologies Managed Service Colombia SAS, con un capital de solo 583 millones de pesos que no alcanza ni para el pago salarial de una quincena. Un agravante: el personal que UNE entregó a Huawei es el que realiza las actividades misionales de la empresa; es decir, Millicom, la de la “gran capacidad operativa” cedió la operación del negocio a un tercero: una jugada entre extranjeros suecos y chinos, ante el silencio de la administración de EPM, el socio mayoritario, que ni siquiera ha preguntado por la legalidad de esa movida. La desidia en el caso de UNE es un capítulo más en muchas de nuestras empresas, como Telecom, Ferrocarriles Nacionales y el ISS, para mencionar solo algunas.
Juego de contradicciones
El poeta Alexánder Pope escribió una frase que podría adecuarse al momento actual en el caso UNE: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera”. La lista de mentiras desde 2013 se ha multiplicado hasta rayar la ilegalidad. Con lo ampliamente expuesto sobre las secuelas de la llamada fusión UNE-Millicom, se suma ahora Huawei a esa cadena de falacias.
La administración de UNE en un “Flash Informativo” dijo el pasado 7 de octubre que TigoUNE y Huawei firmaron una alianza estratégica, lo que fue ratificado por su Presidente, Marcelo Cataldo. No obstante, tras un derecho de petición de SINPRO, la administración de la Empresa respondió que “se dio la venta de una unidad operacional” de UNE a Huawei, incluyendo activos y los contratos de los trabajadores de la parte operativa. Entonces qué hubo: ¿Una alianza? ¿Una venta? Lo único claro es que el presidente Cataldo y Millicom se contradicen o mienten, si se tiene en cuenta, además, que el 28 de octubre en el Concejo habló de 601 trabajadores que pasaron a Huawei, y en la otra respuesta dijo que eran 492, sin precisar su procedencia (UNE o Colombia Móvil-Tigo).
La Administración de EPM por su parte, cuyo Gerente Jorge Londoño De La Cuesta es el Presidente de la Junta Directiva de UNE, manifestó en respuesta a otro derecho de petición de SINPRO, que desde la fusión la Asamblea de Accionistas de UNE no ha aprobado ninguna proposición sobre este tema y que EPM es consciente de que se requiere su voto y el del INDER (el otro accionista de UNE) para decisiones como la del negocio con Huawei, del que EPM conoció, pero no fue objeto de decisión por parte de la Junta de UNE. ¿EPM como accionista mayoritario no se opuso a esto? ¿La administración de UNE (Millicom) realizó estos negocios sin aprobación de su Junta Directiva? ¿La administración de EPM se hizo de la “vista gorda”? (Ver recuadro: Contradicciones sobre el negocio con Huawei)
El silencio de los “inocentes” y conflicto de interés
Dentro del memorando de entendimiento y los acuerdos firmados en 2014 con Millicom, EPM nombró a John Jairo Vásquez como auditor para UNE EPM Telecomunicaciones S.A., que no ha cuidado los intereses de la Empresa sino perseguido a los trabajadores, dejando pasar frente a sus narices la venta de activos de UNE, el descuido en el mantenimiento de las redes, el desmonte del servicio 4G, la eliminación del reconocimiento de subsidios a usuarios y otras acciones que no solo atentan contra el bienestar ciudadano sino que podrían constituir detrimento patrimonial para EPM y para la ciudad. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en campaña dijo que el negocio UNE-Millicom tenía que revisarse, ha sido cómplice silencioso con todo lo que está pasando en la empresa y con las acciones de este funcionario, que a propósito es el jefe de su hermana Catalina Gutiérrez, lo que sabía antes de posesionarse, y que deja en claro un real conflicto de interés.
Pero este silencio no ha sido solo del Alcalde de Medellín y de la administración de EPM. A él se han unido las Juntas Directivas de EPM y de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., la Contralora, el Personero y el Concejo de Medellín -salvo un par de excepciones-.
Desde el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (SINPRO) estamos convencidos de que lo denunciado es suficiente para que todos ellos (Alcalde, administración de EPM, Concejo, Contraloría y Personería) asuman, de verdad, las responsabilidades que les compete, vuelquen su mirada hacia UNE y busquen una solución inmediata, que no sea la facilista de venta de un activo productivo por otros de costo y gasto, sino que apunten a recuperar para EPM su control total, pues se ha demostrado hasta la saciedad que Millicom no era el socio que pintaron y al que le quedó grande la operación.
Proponemos que EPM retome el 100% de la propiedad del negocio fijo de telecomunicaciones (telefonía básica, TV por suscripción, Internet de banda ancha, larga distancia,…), y por lo tanto su control total. Así, estos servicios, que volverían a ser operados por personas con pleno conocimiento del negocio -los trabajadores de la UNE original-, recuperarían la calidad perdida de un servicio estratégico y vital para la ciudad y para el país. Por supuesto, antes Millicom deberá responder por los daños generados a la Empresa y podrá permanecer como dueño de los servicios móviles, de los que tanto alardearon acerca de sus bondades y fortalezas, y que son los que en realidad están hundiendo financieramente a la empresa fusionada: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
De no hacer algo ya por recuperar a UNE, se podría estar ante el más grande detrimento patrimonial de la historia de Medellín y de su gran empresa (EPM), así como ante el ingreso del modelo laboral chino a Medellín y a Colombia, violando derechos de los trabajadores y disminuyendo la calidad del empleo.
Unos 2.000 trabajadores de UNE han sufrido cambios en su situación laboral y familiar desde 2013.
Más de $400.000 millones ha perdido UNE desde 2006, tras asociarse con Tigo (Millicom).
El patrimonio público de los medellinenses representado en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., sufre cada vez más deterioro en manos de Millicom. A las pérdidas acumuladas de la empresa fusionada (2014 a septiembre de 2016) que son de $385.000 millones y las pérdidas de valor técnico, social y laboral que dejan varias acciones de la multinacional sueca, entre ellas el negocio con Huawei, se suman las multas recientes impuestas por diferentes entidades a UNE y a Colombia Móvil (Tigo), de la que EPM también es socia, cuyo monto asciende a un poco más de 46 mil millones de pesos.
En 2014, por no prestar atención oportuna a usuarios telefonía móvil entre septiembre de 2012 y 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso en 2014 multas por $18.000 millones a Colombia Móvil y $10.380 millones a UNE; y otras dos que ascienden en total a $1.277 millones por facturar y cobrar contenidos y aplicaciones sin aceptación del usuario. Adicionalmente el Ministerio del Trabajo impuso una multa de $1.240 millones a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. por violación al régimen de protección de usuarios y silencio administrativo.
En 2015 el Ministerio de Tics impuso sanciones a Colombia Móvil por $6.253 millones y a UNE por $301 millones, por mala calidad en la prestación del servicio de comunicación móvil durante los años 2012 y 2013. A UNE EPM Telecomunicaciones S.A. le queda una sanción pendiente por $1.032 millones por reportar equivocadamente a varios usuarios a las centrales de riesgo.
Así mismo, el Consejo de Estado impuso otra sanción a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. bajo la administración en ese momento de Esteban Iriarte, en la que debe pagar a la empresa Exicom por la cancelación irregular de un contrato de comercialización a proveedores y de servicios que tenía con ella. Esa multa asciende a $7.554 millones de pesos, más los intereses que se calculan en no menos de $2.500 millones.
Venta de inmuebles de UNE
Desde que Millicom asumió el control de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. puso en venta 12 inmuebles que no le pertenecen, puesto que hacían parte de los activos de UNE en varias ciudades del país. Esos inmuebles, entre bodegas, despachos, oficinas y el tradicional Centro de Formación, estaban avaluados catastralmente por cerca de $18.000 millones.
Los inmuebles negociados son: la bodega Montevideo en Bogotá, el despacho y el Concentrador en Rionegro (Antioquia), la sede Milán y la bodega Panamericana en Manizales, el Concentrador en El Retiro, la oficina de Floridablanca (Santander), el edificio Vásquez Cobo en Cali, y el Centro de Formación y las oficinas Macera El Poblado, Buenos Aires y Avenida Mall en Medellín.
Tras un segundo debate en el Concejo de Medellín, la administración de EPM no da claridades sobre sus inversiones en el exterior.
Una vieja fábula griega relata lo sucedido cuando la rana invitó a la garza a cenar. La rana llevó un recipiente ancho y profundo donde pudo nadar para degustar la sopa. La garza apenas pudo introducir la punta de su pico para cazar algún material del cuenco. A la semana la garza pagó a la rana su invitación: llevó una vasija alta y estrecha donde sólo ella pudo introducir el pico. Este encuentro de dos anfitriones con diferente lenguaje, puede equipararse con lo sucedido a EPM en las visitas al Concejo de Medellín para explicar sus inversiones en el exterior.
Al hacerse una juiciosa mirada a los debates y a la información suministrada por EPM, es evidente que sobre estos negocios en particular, EPM no ha respondido con claridad al Concejo, lo que ha derivado en posibles imprecisiones en su análisis. En ambos debates (29 de junio y 23 de noviembre), el Gerente Jorge Londoño De La Cuesta y sus Vicepresidentes Ejecutivo y Financiero, Jorge Tabares, y de Estrategia y Crecimiento, Gabriel Jaime Betancourt, no compartieron la información básica y entregaron cifras, en algunos casos, inentendibles para el público. La fábula de la rana y la garza.
Tras el primer debate, EPM tuvo que poner en marcha una estrategia de comunicación, en la que el Gerente de ADASA (Aguas de Antofagasta, Chile), entregó tardíamente a la prensa y a algunos concejales, información sobre este negocio. En el segundo debate, el 23 de noviembre, la administración de EPM acudió con el mismo lenguaje, sin responder lo que se le ha preguntado por seis meses y concentrada en vender la idea de la importancia de diversificar las inversiones para reducir los riesgos de concentrar los recursos en Colombia. Al no compartir la información, queda como creíble solo lo expuesto por las concejales Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga, que trabajaron con base en los informes públicos de EPM.
Antofagasta: sin claridad en la información
La falta de información y el lenguaje de la empresa hizo que en el primer debate se dijeran posibles imprecisiones, como que EPM compró Econssa, que es la que concede y no la concesión para el caso de ADASA. Se requiere entonces, sin restar autonomía a EPM, que algunos temas los trabajase en conjunto con el Concejo, pues de otro modo se hace sordo el discurso y le quita credibilidad. Y la que paga es la comunidad que no sabe a quién creerle. Cuando no hay información el rumor se vuelve rigor, como cuando un periódico chileno entregó un supuesto valor exacto de la diferencia pagada por EPM frente a los otros proponentes. Que se pagó más que los otros es claro, porque EPM ganó la convocatoria, pero que haya una diferencia de 225 millones de dólares no se sabe ni lo sabremos. Son especulaciones.
Ese desencuentro de información hace que sobre los negocios en el exterior se sigan diciendo posibles imprecisiones fuera y dentro de EPM. Algunos cálculos financieros, en el caso de ADASA, no tienen en cuenta elementos del negocio de concesión que se practica en varias partes del mundo. O como dijo el Gerente de EPM sobre este negocio: por el endeudamiento, las utilidades caen, pero no necesariamente cae la rentabilidad del negocio. Y estos sucesos cambian consecuentemente el cálculo financiero. Posiblemente estos detalles no se sabían. EPM debió advertirlo desde el principio. Siendo Antofagasta su mayor inversión en la historia de su internacionalización, ha guardado inadecuadamente la información sobre ella. Esto ha generado perspicacias y rumores internos y externos. En pocos casos los dineros públicos pueden ser objeto de secreto, porque la gente especulará cuando no tiene información.
Conocimiento de las empresas y los negocios
Cuando se dice, por ejemplo, que en Guatemala se compró una comercializadora por 635 millones de dólares hay una imprecisión: la empresa Distribuidora de Energía de Guatemala es poseedora de activos necesarios para la entrega de electricidad (95% son postes, cables, subestaciones, redes y líneas para atender algo más de cuatro millones setecientos mil habitantes) y tiene como actividad adicional y connatural la comercialización de electricidad, servicio para el cual sus activos no son considerables, sin tener en cuenta el negocio mayor.
Pero EPM no entiende que estos detalles los debe explicar. ¿Qué se requiere entonces? Que EPM capacite de forma permanente a quienes deben conocer su información y se disminuya la brecha en la asimetría de la misma.
Cara: Generalidades
Entre los dos debates no hubo muchas diferencias, salvo los argumentos de las concejales Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga, quienes, como ya se dijo, ante la falta de respuestas por más de seis meses, centraron su análisis en la información pública de la empresa y en las declaraciones ante los medios de comunicación. El Gerente de EPM y su equipo acompañante desaprovecharon la oportunidad para anunciar una revisión minuciosa de esas inversiones, y se limitaron a citar cifras globales, como las transferencias que EPM hace a Medellín o que el Ebitda (flujo de caja) generado por esos negocios entre 2010 y 2016 es de 3,7 billones de pesos.
En referencia a algunas inversiones, el Gerente dijo: “En este conjunto de negocios, unos van muy bien y otros no, pero ahí estamos para gestionarlos”. “Ticsa en México empezó a despegar (…) El Ebitda es de $27.000 millones, pero por depreciación puede reportar pérdidas al final del balance”. “Guatemala va muy bien”. “El salvador va a cerrar un buen año”. “A Aguas de Antofagasta le vemos buenas perspectivas”. “La Hidroeléctrica Bonyic en Panamá tiene más de 10 años. Hubo inconvenientes en cadena que se suscitaron para la construcción, pero, ¿qué puedo hacer? Ya está hecha y funcionando”. “Están un poco frenadas los que es Cururos en Chile y generación en Panamá, porque el precio de la energía está muy bajo en esos países”.
Sello: Datos
Analizando lo dicho por las partes, las administraciones de EPM han dicho que una de las razones por las que salieron a invertir en el exterior son las restricciones legales en Colombia. No obstante, el único negocio que tiene esas restricciones es el de energía, mientras es inexistente para aguas, gas natural, residuos sólidos y comunicaciones. Manifestaron las concejales que hay más de $5 billones en el exterior que están en riesgo, en inversiones que no se van a recuperar o que tienen un alto riesgo de no hacerlo, mientras en lo local hay inversiones que se requieren con urgencia, como por ejemplo, Urabá y el Oriente antioqueño por uno $600.000 millones y el Sur del Valle del Aburrá, por unos $3.2 billones.
Sobre lo expuesto, es importante destacar algunos datos: que Bonyic en Panamá, que se presupuestó en US$50 millones y costó US$314 millones, tiene pérdidas acumuladas por US$143 millones, es decir, entre sobrecosto y pérdidas hay más de $1,18 billones. Que en Los Cururos en Chile se pagó a US$2.080 kilovatio instalado, mientras Isagén se vendió a US$1.500. Que en Teribe S.A. en Panamá hubo sobrecostos del 600%.
Que en Ticsa en México las pérdidas acumuladas son de $12.000 millones. Que la concesión de ADASA en Chile en 2015 dio pérdidas por más de $160.000 millones. Que a ENSA en Panamá se le impuso una sanción en 2011 de medio millón de dólares por fallas en el servicio. Que Espíritu Santo Energy en Brasil fue comprada en 2012 por US$70 millones y que su único activo es una licencia ambiental, pues no se ha iniciado la obra.
Es hora de que EPM y sus distintos grupos de interés, incluido el Concejo de Medellín, empiecen a hablar un mismo lenguaje, que inicie con la entrega de información clara y oportuna por parte de la administración de EPM sobre el rumbo de la empresa. Todos queremos empujar para el mismo lado y no hacer parte de la fábula de la rana y la garza.
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