Parar ya esta espiral de insensatez

Parar ya esta espiral de insensatez
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone. 

Por: Francisco L. Valderrama A., ex directivo de EPM y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Son conocidos los cuestionamientos del señor Gobernador a EPM, constructora y codueña del proyecto Hidroituango, seriamente impactada, tanto como el departamento de Antioquia, por la grave situación que enfrenta la obra.

Personal activo, ex funcionarios, pensionados, pero sobre todo, usuarios y comunidad en general, verdadera dueña de EPM, construyeron y consolidaron este preciado patrimonio colectivo, fuente vital de bienestar y progreso y testimonio visible de que lo público puede ser posible. Las delicadas consecuencias que podrían derivarse del insuceso demandan prudencia de todos los actores que intervienen en la solución del problema.

Bien haría el señor Gobernador en anteponer a sus resentimientos personales y aspiraciones políticas la necesidad de preservar la legitimidad que como gobernante está llamado a defender.

Si sus argumentos y pruebas son tan concluyentes como señala en los medios de comunicación, su obligación es utilizar las vías institucionales para ventilar ante autoridades e instancias competentes las demandas, reclamaciones y pruebas que soportan sus declaraciones. Si no las tiene, o si el trasfondo es otro, necesario es conminarlo a no seguir destruyendo la riqueza colectiva construida por toda la comunidad.

Como cabeza visible del Departamento de Antioquia tiene incluso la facultad de declarar la caducidad del contrato celebrado con EPM así como otras opciones legales. Pero es poco serio señalar con tanta ligereza sin que las investigaciones de las instancias formales hayan determinado responsabilidades. Su insensato proceder constituye no solo un grave detrimento patrimonial sino que pone en riesgo la existencia misma de la organización. Es una declaratoria pública de incompetencia recurrir a caminos tan mezquinos para hacer valer los innegables derechos que le asisten como dueño mayoritario de Hidroituango.

No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo impone. Debería saber que el rigor institucional de la cultura EPM, ese que tanto descalifica y desconoce, y que no ha desaparecido porque su invaluable recurso humano lo sostiene, jamás permitiría la impunidad ni la complicidad si es que hubiese dolo o negligencia como el gobernador irresponsablemente sugiere.

"No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone"

De otro lado, la búsqueda de responsables no requiere procedimientos exóticos ni se puede limitar a niveles intermedios de la organización como parece pensar la cúpula directiva de EPM. También tiene que mirarse a sí misma, tanto hoy como durante todo el desarrollo del proyecto, que cruza varias administraciones municipales y departamentales.

Por supuesto la catástrofe de Hidroituango demanda la intervención institucional así como el control político del Concejo Municipal, sindicatos, academia y todas las organizaciones sociales: conocer sus causas y que todos los responsables asuman las consecuencias. El momento adecuado para hacerlo pertenece a la conciencia de cada actor involucrado. Quizás no sea prudente hacerlo en medio de la tempestad.

Tan dañina como la politización de EPM o haberla puesto al servicio de sus intereses políticos durante el paso del señor Luis Perez Gutiérrez por la Alcaldía de Medellín, es su privatización soterrada e indirecta, consecuencia de haber entregado su administración y dirección a personas que representan intereses particulares de empresas privadas y grupos económicos. Es por ello que se impone devolver a EPM su total autonomía técnica y administrativa y que su conducción y manejo sea confiado a funcionarios que hayan hecho carrera dentro de la misma entidad porque es a ellos y a la comunidad y no a externalidades coyunturales o electorales, que debe EPM su meritoria existencia.

Que los alcaldes respeten la trayectoria interna de sus funcionarios y detengan la perversa practica de incluir a EPM en la repartija burocrática que resulta de cada proceso electoral. Ni para clientelas políticas ni para grupos económicos. EPM es de la comunidad y existe para generar calidad de vida a sus dueños, a sus usuarios, a su entorno. No para hacer buenos a los alcaldes de turno.

Una observación final: La gravedad del caso obliga a limitar las transferencias al Municipio de Medellín, así como repensar el norte de la organización, distorsionado con múltiples negocios en el exterior o enfoques tales como ser una multilatina muy importante. Sin negar posibilidades de ese tipo, no es esa la misión nuclear de la organización.

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