Equilibrio sindical

Desde el nacimiento de SINPRO, hace 16 años, la defensa de los derechos laborales, la sostenibilidad empresarial y la defensa del patrimonio público marcan la agenda del Sindicato de Profesionales. 

El Acuerdo 069 de 1997 transformó a EPM en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 100% pública, de propiedad del Municipio de Medellín, y con una característica especial como ente autónomo. Esa condición pudo ser un golpe para la clase política y para algunos privados que ya la tenían en la mira. Pero no se quedaron quietos; los privados se fueron acercando poco a poco, al punto que son mayoría en la Junta Directiva de EPM y controlan a UNE; la clase política, por su parte, a través del Alcalde de la época -hoy Gobernador -, pretendió enquistarse en ella y arrasar lo construido en medio siglo.

Era necesario entonces proteger a EPM tanto de la politiquería como de quienes de forma subrepticia iban abriendo puertas para conducirla a su privatización, por lo que las intenciones de unos y otros parecían estar lejos de querer aportarle a la empresa, como debería ser, sino lucrarse de ella.

Esos hechos, no solo ponían en peligro la sostenibilidad de EPM, sino también a cientos de trabajadores cuyo rigor histórico en todas sus actuaciones había sido y sigue siendo clave para ubicar a EPM como la más importante empresa prestadora de servicios públicos del país, que efectivamente aporta a la calidad de vida de millones de ciudadanos.

En ese contexto y ante esas amenazas, el 10 de octubre de 2002 nacimos como Sindicato de Profesionales de EPM, que hoy 16 años después y bajo el nombre de SINPRO, contamos con 4.200 afiliados en EPM, UNE y Huawei; que han fortalecido nuestra filosofía sindical basada en tres principios, hoy más vigentes que nunca: la defensa natural de los derechos de los trabajadores, el aporte a la sostenibilidad de nuestras empresas y la defensa del patrimonio público, propósitos al que se nos han unido la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus 700 mil afiliados en el país.

Lejos del concepto tradicional del sindicalismo y como único sindicato de Colombia adherente al Pacto Global de la ONU, desde SINPRO hemos desarrollado nuestros principios y actuaciones con una visión más amplia, conciliadora, ajustada a las nuevas realidades, abierta al disenso, con un carácter crítico y propositivo, y con un lenguaje respetuoso pero firme y autónomo, no exenta de constantes dificultades y desafíos.

Uno de ellos es el conflicto laboral colectivo que tenemos con UNE, para cuya resolución hemos presentado propuestas novedosas y explorado alternativas que conduzcan a un acuerdo justo y equilibrado para la empresa y para nuestros afiliados, que han soportado estoicamente la poca voluntad de la administración de UNE para la culminación de este conflicto, que ya hemos debido llevar a instancias superiores, como también lo referente a la situación de nuestros afiliados en Huawei.

Nuestra responsabilidad con la sostenibilidad de EPM y con la defensa del patrimonio público representado en ella, que sustentamos en la planeación estratégica que tenemos como sindicato de profesionales, ha hecho que pongamos como tema de discusión pública el porcentaje de las transferencias que EPM le hace a Medellín, en un momento en el que la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha hecho necesaria incluirla como agenda especial de ciudad y de país.

En este debate, que no da espera, debemos participar todos: Municipio de Medellín, EPM, Concejo de Medellín, Asamblea de Antioquia, organismos de control, academia, sindicatos, trabajadores, gremios, ciudadanos y los medios de comunicación. No se puede olvidar que están en juego gran parte del futuro de EPM y de la inversión social de la ciudad. En nuestro caso, es fundamental que entendamos que como miembros de una organización sindical y como servidores públicos nuestra responsabilidad va más allá de defender nuestros derechos, tenemos que defender y custodiar el patrimonio público representado en EPM y en UNE.

Estamos convencidos de que si continuamos con el norte que nos hemos trazado, seguiremos ganando espacios dentro y fuera de las empresas en torno al desarrollo de los principios con que nacimos; en esa tarea esperamos seguir contando con nuestros afiliados, con todos los trabajadores y con las diversas organizaciones y personas que se nos sigan uniendo en estos propósitos.

Parar ya esta espiral de insensatez

Parar ya esta espiral de insensatez
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone. 

Son conocidos los cuestionamientos del señor Gobernador a EPM, constructora y codueña del proyecto Hidroituango, seriamente impactada, tanto como el departamento de Antioquia, por la grave situación que enfrenta la obra.

Personal activo, ex funcionarios, pensionados, pero sobre todo, usuarios y comunidad en general, verdadera dueña de EPM, construyeron y consolidaron este preciado patrimonio colectivo, fuente vital de bienestar y progreso y testimonio visible de que lo público puede ser posible. Las delicadas consecuencias que podrían derivarse del insuceso demandan prudencia de todos los actores que intervienen en la solución del problema.

Bien haría el señor Gobernador en anteponer a sus resentimientos personales y aspiraciones políticas la necesidad de preservar la legitimidad que como gobernante está llamado a defender.

Si sus argumentos y pruebas son tan concluyentes como señala en los medios de comunicación, su obligación es utilizar las vías institucionales para ventilar ante autoridades e instancias competentes las demandas, reclamaciones y pruebas que soportan sus declaraciones. Si no las tiene, o si el trasfondo es otro, necesario es conminarlo a no seguir destruyendo la riqueza colectiva construida por toda la comunidad.

Como cabeza visible del Departamento de Antioquia tiene incluso la facultad de declarar la caducidad del contrato celebrado con EPM así como otras opciones legales. Pero es poco serio señalar con tanta ligereza sin que las investigaciones de las instancias formales hayan determinado responsabilidades. Su insensato proceder constituye no solo un grave detrimento patrimonial sino que pone en riesgo la existencia misma de la organización. Es una declaratoria pública de incompetencia recurrir a caminos tan mezquinos para hacer valer los innegables derechos que le asisten como dueño mayoritario de Hidroituango.

No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo impone. Debería saber que el rigor institucional de la cultura EPM, ese que tanto descalifica y desconoce, y que no ha desaparecido porque su invaluable recurso humano lo sostiene, jamás permitiría la impunidad ni la complicidad si es que hubiese dolo o negligencia como el gobernador irresponsablemente sugiere.

"No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone"

De otro lado, la búsqueda de responsables no requiere procedimientos exóticos ni se puede limitar a niveles intermedios de la organización como parece pensar la cúpula directiva de EPM. También tiene que mirarse a sí misma, tanto hoy como durante todo el desarrollo del proyecto, que cruza varias administraciones municipales y departamentales.

Por supuesto la catástrofe de Hidroituango demanda la intervención institucional así como el control político del Concejo Municipal, sindicatos, academia y todas las organizaciones sociales: conocer sus causas y que todos los responsables asuman las consecuencias. El momento adecuado para hacerlo pertenece a la conciencia de cada actor involucrado. Quizás no sea prudente hacerlo en medio de la tempestad.

Tan dañina como la politización de EPM o haberla puesto al servicio de sus intereses políticos durante el paso del señor Luis Perez Gutiérrez por la Alcaldía de Medellín, es su privatización soterrada e indirecta, consecuencia de haber entregado su administración y dirección a personas que representan intereses particulares de empresas privadas y grupos económicos. Es por ello que se impone devolver a EPM su total autonomía técnica y administrativa y que su conducción y manejo sea confiado a funcionarios que hayan hecho carrera dentro de la misma entidad porque es a ellos y a la comunidad y no a externalidades coyunturales o electorales, que debe EPM su meritoria existencia.

Que los alcaldes respeten la trayectoria interna de sus funcionarios y detengan la perversa practica de incluir a EPM en la repartija burocrática que resulta de cada proceso electoral. Ni para clientelas políticas ni para grupos económicos. EPM es de la comunidad y existe para generar calidad de vida a sus dueños, a sus usuarios, a su entorno. No para hacer buenos a los alcaldes de turno.

Una observación final: La gravedad del caso obliga a limitar las transferencias al Municipio de Medellín, así como repensar el norte de la organización, distorsionado con múltiples negocios en el exterior o enfoques tales como ser una multilatina muy importante. Sin negar posibilidades de ese tipo, no es esa la misión nuclear de la organización.