Que el Estado pague lo que debe

Solicitan que el gobierno pague las deudas que tiene con el sector, entre ellas, las de los subsidios de 2025 y 2026, señalando que se requiere al menos $2,1 billones para energía eléctrica y $900.000 millones para gas natural; que se cumpla el compromiso presidencial del año 2024, de asumir los $2,2 billones de los saldos de la opción tarifaria; que se emitan los certificados de deuda de subsidios para que las empresas puedan utilizarlos como respaldo ante el sistema financiero; y que se exploren mecanismos innovadores, como titularización de la deuda estatal con el sector y opciones tributarias que les permitan mantener abiertas las líneas de crédito.

“La deuda acumulada del Estado con las empresas prestadoras de energía asciende a $9,2 billones de pesos”: Andesco

Subastas de energía combinadas

Acolgen y Andeg proponen subastas inmediatas de expansión, sin limitar la participación a ninguna tecnología, recordando que la efectuada en febrero de 2024 y en la que el 99 % de los megavatios asignados fueron solares, no resuelve el problema de la "energía firme", que requiere combinar fuentes hidráulicas, térmicas y renovables para garantizar el suministro en momentos críticos como los horarios nocturnos y períodos de sequía.

Proponen también promover esquemas de contratación de largo plazo que den certeza a los desarrolladores de proyectos y permitan financiamiento privado para construir nueva infraestructura; habilitar mecanismos de contratación tipo "Pague lo Generado" que puedan suscribirse entre las partes de manera expedita; y revisar el intercambio de energía con Ecuador para priorizar la seguridad energética de Colombia, especialmente cuando hay disminución acelerada en el nivel de los embalses.

Estabilidad regulatoria

La crisis regulatoria es tan grave como la financiera; por lo tanto, los gremios proponen retirar o reformar el proyecto de ley 432 invirtiendo en estudios técnicos rigurosos e independientes antes de cualquier modificación estructural al marco del sector; respetar los roles de cada entidad, es decir, el Ministerio en la política, la Creg en la regulación y XM en la operación y el mercado, dado

que la intervención del gobierno en decisiones que corresponden a reguladores técnicos genera incertidumbre e inhibe la inversión. Así mismo piden garantizar que las reformas sean debatidas previamente con el sector, como lo establece el proceso de participación de la Creg. Finalmente piden que no se expidan, sin suficiente análisis, decretos de emergencia que alteren las reglas del mercado.

Por su parte, Asoenergía solicita a la Creg que ajuste la fórmula tarifaria con criterios de eficiencia reales y exija a las distribuidoras inversiones oportunas en modernización de redes, señalando que los costos de distribución y comercialización representan entre 34 % y 55 % de la factura final.

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