Se cumple un año de la solicitud de Huawei al Ministerio para despedir a más del 60% de los trabajadores que quedan de los que hace 3 años pasaron de UNE y que hoy sufren acoso y presión.
El pasado 11 de septiembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) y los 54 miembros presentes en el Comité Ejecutivo Nacional, del que hace parte SINPRO, enviaron una comunicación a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, denunciando las condiciones laborales a las que están siendo sometidos por parte de Huawei TMSC SAS, los 601 trabajadores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. que mediante una supuesta sustitución patronal pasaron a esa empresa en octubre de 2016 para la operación y el mantenimiento de redes de Tigo y UNE.
Este no es un hecho nuevo para el Ministerio, pues en esa cartera reposa la solicitud que hace un año le hiciera esa SAS de origen chino, para que le autorice el despido de 289 de los 359 trabajadores provenientes de UNE que aún quedan, es decir escasamente el 12% de quienes fueron víctimas de esta estratagema empresarial.
Y tampoco es lo único grave. Como ha sido denunciado de forma permanente por SINPRO, en estos tres años y especialmente en los últimos 12 meses, estos trabajadores han vivido un calvario, al verse sometidos a presiones de tipo laboral, personal, profesional y sicológico, de parte de Huawei TMSC SAS, que a punta de estas estrategias ha visto salir a unos 240 trabajadores, decenas de ellos despedidos y otros que prefirieron retirarse a seguir soportando el asedio y el irrespeto de parte de esa administración, a cargo del Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Federico Vásquez González.
Huawei se ha valido de varias tácticas, incluida la de regar rumores, para, por un lado, amedrentar a los trabajadores y, por el otro, presionar al propio Ministerio para que expida la autorización de despidos colectivos. Desde el propio 9 de noviembre de 2018, por ejemplo, dijo a los trabajadores que era mejor que se acogieran a un plan de retiro voluntario, porque esa autorización llegaba en dos meses y la indemnización no superaba el 50%.; esos dos meses se les han multiplicado por seis.
Al Ministerio, por su parte, le insiste en que, de no contar con esa autorización, tendría que liquidar la empresa por quiebra o grandes dificultades económicas, generando más desempleo, lo cual no deja de ser paradójico, dado que, además de los 359 trabajadores provenientes de UNE que aún quedan en esa empresa, tiene otros 206 en su planta de personal. Conclusión: los despedidos deben ser los que vienen de UNE.
Para amedrentar a los trabajadores, la empresa se ha valido de una figura que no aparece en el Código Laboral, “cartas de prevención”, para involucrar en procesos disciplinarios a los trabajadores, incluidos a quienes tienen distintos tipos de fuero, queriendo dejar un mensaje de que, si lo hace con ellos, lo puede hacer con cualquiera.
Obligación del Estado
Como ya lo indicamos en la edición anterior de Conexión (“La mala huella laboral de Huawei en Colombia”, el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio del Trabajo, no puede permitir que ninguna empresa, local y mucho menos las extranjeras, violen los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores; es su obligación defender a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. De darse esa autorización u omitir las denuncias de los trabajadores, el Gobierno Nacional estaría dando un paso peligroso al abrir una puerta para desconocer los derechos laborales
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